El Servicio Jesuita a Migrantes publica el informe CIE 2024 y denuncia la normalización del internamiento de personas migrantes en España
Los muros no solo delimitan un espacio físico; también dibujan los contornos de la exclusión. En el corazón de un estado que se define como social y democrático de derecho, España mantiene activos seis Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Lugares en los que se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno, sino una falta administrativa: carecer de autorización de residencia.
El Informe CIE 2024 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), titulado Raíces tras los muros, vuelve a mirar de frente esta realidad y lanza una advertencia contundente: el internamiento sigue siendo un modelo fallido, carente de transparencia, proporcionalidad y humanidad.
Privar de libertad para gestionar la movilidad
Durante el año 2024, 1.863 personas fueron internadas en los CIE de Madrid, Barcelona, Murcia, Algeciras, Valencia y Las Palmas. Es una cifra inferior a la de 2023, pero el descenso no significa mejora: la mitad de las personas que pasaron por esos centros no fueron finalmente repatriadas.
La privación de libertad se traduce así en un sufrimiento inútil. No hay delito, no hay condena, no hay sentencia que la sustente. El internamiento se decreta para “asegurar” la expulsión, aunque en la práctica solo produce rupturas familiares, desempleo y trauma.
El SJM denuncia que el 83,9 % de las personas internas lo fueron por órdenes de expulsión derivadas de mera estancia irregular, frente a un 16 % por devolución tras entrada irregular. La política de internar a personas con arraigo —con años de vida en España, familia, trabajo y comunidad— se ha consolidado como práctica ordinaria.
Más de la mitad de los casos acompañados por el SJM correspondían a personas que llevaban de 1 a 7 años viviendo en el país, y un 15 % superaba los 15 años de residencia. “Raíces tras los muros” no es solo un título metafórico: es una descripción literal.
Una cárcel que no se llama cárcel
El internamiento en CIE está regulado por la Ley de Extranjería como una medida “excepcional” y “no penitenciaria”. Sin embargo, la vida cotidiana entre sus muros se parece demasiado a la de una prisión: horarios rígidos, celdas cerradas, escasos espacios de ocio, ausencia de intimidad y vigilancia policial permanente.
Durante 2024 se aplicaron 14 protocolos de prevención de suicidio y 166 separaciones preventivas, indicadores de la dureza psicológica del encierro. Se registraron 358 quejas, de las cuales 266 corresponden al CIE de Madrid-Aluche, lo que supone casi el 75 % del total nacional.
Los testimonios recogidos por el SJM son estremecedores: hombres y mujeres que no entienden por qué están encerrados, que no saben cuándo saldrán, que no pueden comunicarse con sus familias porque se les retira el teléfono móvil durante gran parte del día.
La atención médica se limita a tratamientos básicos, y la salud mental —gravemente deteriorada por el encierro— carece de especialistas. Las visitas familiares y de ONGs se desarrollan a través de mamparas de cristal e intercomunicadores que impiden el contacto humano. La burocracia convierte cada derecho en una carrera de obstáculos.
El azar como criterio de internamiento
El informe revela que el internamiento se aplica de manera arbitraria. Dos personas con situaciones administrativas similares pueden tener destinos opuestos: una pasa meses en un CIE, otra queda en libertad. El factor decisivo no es la ley, sino la práctica policial, la disponibilidad de vuelos o la existencia de convenios de repatriación con el país de origen.
En 2024, de las 3.286 repatriaciones forzosas ejecutadas en España, solo un 31 % se realizó desde CIE; el resto se llevó a cabo desde comisarías, Centros de Atención Temporal (CATE) o aeropuertos, espacios todavía menos fiscalizados. La ausencia de datos oficiales impide conocer cuántas personas son devueltas cada año, bajo qué condiciones y con qué garantías.
El SJM insiste: la opacidad institucional es estructural. No existe un sistema estatal que informe periódicamente sobre internamientos, repatriaciones o procedimientos. Los informes del SJM, obtenidos a través del Portal de Transparencia y litigios judiciales, son casi la única fuente pública disponible.
Transparencia, un derecho que se litiga
Desde 2015, el SJM solicita al Ministerio del Interior información sobre nacionalidades, quejas, atención sanitaria o presencia de abogados en los CIE. Las respuestas suelen ser parciales o denegadas. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ministerio del Interior por negar información pública sobre las quejas presentadas por personas internas, reconociendo el derecho de la sociedad civil a conocer lo que sucede tras los muros.
Este “litigio por la transparencia” se ha convertido en una forma de resistencia ciudadana. El acceso a la información es, en palabras del informe, una condición democrática esencial: sin luz ni datos no puede haber control social ni rendición de cuentas.
El acompañamiento como resistencia
Frente a la lógica del control, la red SJM —formada por entidades jesuitas en doce ciudades— practica otra lógica: la del acompañamiento.
Durante 2024 sus equipos realizaron 1.704 visitas a 611 personas internas. En esos encuentros, breves y vigilados, se ofrece escucha, asesoramiento jurídico, mediación con familias y una mínima presencia de humanidad.
Los voluntarios relatan la dureza de entrar en un lugar donde las personas son llamadas por un número, no por su nombre; donde a menudo desaparecen de un día para otro, sin saber si fueron liberadas o deportadas. “Cada visita —escribe una voluntaria de Migra Studium— es un acto de protesta silenciosa. Estar allí es decir: esto no debería existir”.
Avances locales, límites estructurales
El informe recoge pequeños avances fruto del diálogo entre entidades sociales y juzgados de control.
En Madrid, tras la reapertura del CIE de Aluche, se aprobó un nuevo acuerdo judicial que ordena retirar las mamparas de cristal, ampliar el uso del teléfono móvil y garantizar comunicaciones íntimas y personales. En Barcelona, una resolución judicial autorizó visitas sin cita previa y recomendó crear un servicio psicológico permanente.
Son pasos importantes, pero insuficientes. Los propios jueces reconocen que muchas de sus decisiones no se aplican y que la rotación de directores y la falta de reglamentos internos uniformes favorecen la arbitrariedad.
Mientras tanto, el Gobierno ha invertido más de 30 millones de euros en construir el macro CIE de Algeciras-Botafuegos, con capacidad para 507 personas. El informe lo califica como un símbolo de la continuidad del modelo policial, una “oportunidad perdida” para replantear la política de internamiento hacia un enfoque de legalidad y humanidad. Las organizaciones locales, agrupadas en la Coordinadora CIEs No Cádiz, denuncian que este centro nace sin plan social ni protocolos de derechos básicos, en una provincia con graves carencias sociales y laborales.
El laberinto legal: defensa y tutela judicial
El informe dedica un capítulo al derecho de defensa, describiendo un entramado legal inaccesible para la mayoría de las personas internas.
Muchas declaran no saber si tienen abogado o qué ocurre con sus recursos judiciales. Las actuaciones se multiplican: un letrado para la orden de expulsión, otro para el internamiento, otro para el asilo. La coordinación entre ellos es casi inexistente.
La nueva Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, aprobada en noviembre de 2024, reconoce garantías reforzadas para las personas en situación de vulnerabilidad. Pero, según el SJM, sus avances no han llegado a los CIEs. La falta de intérpretes, la demora en las notificaciones y la ausencia de protocolos de grabación de incidentes siguen vulnerando derechos fundamentales.
Europa fortaleza: el nuevo pacto de migración y asilo
El análisis del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ocupa el tramo final del informe y enciende todas las alarmas.
Los nuevos reglamentos comunitarios amplían los supuestos de internamiento en frontera y permiten la detención de solicitantes de asilo, incluso menores, durante semanas o meses.
La privación de libertad deja de ser “excepcional” y se convierte en herramienta ordinaria de control. Los Estados podrán mantener retenidas hasta 18 semanas a las personas cuya entrada sea rechazada, en instalaciones situadas “en la frontera o en zonas de tránsito”.
El SJM advierte de que esta política normaliza el encierro y extiende su lógica a otros espacios: comisarías, aeropuertos, salas de inadmitidos o CATE. Lugares donde las garantías son todavía más frágiles y la presencia de la sociedad civil, prácticamente inexistente.
Raíces, no muros
A lo largo del informe aparecen nombres y rostros. Por ejemplo el de Sami, tunecino, padre de tres hijas españolas, que pasó 57 días en el CIE de Aluche y fue finalmente expulsado, dejando atrás veinte años de vida en Galicia. Su historia resume el impacto humano de estas políticas: familias fracturadas, proyectos truncados, niños que crecen con la ausencia impuesta de un progenitor.
También están los nombres de quienes acompañan: María, voluntaria en el CIE de Barcelona, que describe cada visita como “un ejercicio de presencia humanizadora”; o los de las 35 personas voluntarias que, con su tiempo y su escucha, sostienen el trabajo cotidiano del SJM.
Recomendaciones y horizonte
El informe cierra con un bloque de propuestas concretas dirigidas a las principales instituciones:
- Ministerio del Interior: revisar la pertinencia de los CIE y publicar datos periódicos sobre internamientos y repatriaciones.
- Juzgados de instrucción: evitar automatismos en la decisión de ingreso y aplicar alternativas a la privación de libertad.
- Colegios de abogacía: reforzar la defensa letrada especializada y garantizar la presencia de servicios jurídicos en todos los centros.
- Direcciones de CIE: armonizar normas internas, formar a agentes en derechos humanos y garantizar atención sanitaria integral, especialmente en salud mental.
- Sociedad civil: mantener viva la hospitalidad frente a la hostilidad, sumarse a redes de acompañamiento y exigir transparencia.
Una cuestión de cordura
La periodista Olga Rodríguez, en el prólogo del informe, escribe: “Si algún día llega la cordura, la realidad de las cárceles para gente sin papeles será relatada como una vergüenza”.
Los CIEs son, en efecto, un espejo incómodo de nuestras democracias. Reflejan cómo el miedo y la burocracia pueden vaciar de contenido los derechos humanos.
Mientras sigan existiendo, seguirá siendo necesario mirar tras los muros, contar lo que ocurre y acompañar a quienes allí son encerrados por el simple hecho de buscar un lugar donde vivir con dignidad.
Porque nadie debería perder su libertad por carecer de un papel. Y porque, como recuerda el SJM, “tras los muros hay raíces, familias y proyectos de vida que forman parte de nuestra sociedad”.
Conoce y descarga el informe completo en: sjme.org/informe-cie-2024
Una mirada al informe “Raíces tras los muros” del Servicio Jesuita a Migrantes.
Roberto Trujillo
