Hogares que cuentan: Desinstitucionalización, el gran desafío de nuestros servicios sociales
Desde En la Calle, y especialmente en un número dedicado a la familia, nos hacemos eco del informe Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales) 2024 publicado a finales de junio por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta asociación tiene el propósito de modernizar, racionalizar y mejorar la eficacia y calidad de un sector donde se juegan derechos sociales tan vitales como la igualdad, la convivencia y la integración. Para los profesionales del sector —y creemos que para los lectores de En la Calle también—, el Índice DEC no es un informe más; es la única herramienta que, desde 2012, mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos del sistema de servicios sociales que atiende a más de 8 millones de personas en España.
Desarrollo Insuficiente de Servicios Esenciales
El Índice DEC 2024 dibuja un panorama dual de los servicios sociales en España. Por un lado, confirma un sistema ya consolidado en su base legal: todas las Comunidades Autónomas tienen leyes que reconocen derechos subjetivos, 14 cuentan con un Catálogo de Servicios que los desarrolla, 15 han integrado la Atención a la Dependencia, y 10 tienen una planificación estratégica vigente. Esto es un avance.
Sin embargo, el informe pone el foco en un problema persistente y preocupante: el escaso desarrollo de los servicios domiciliarios y complementarios, aquellos que son vitales para la estrategia de desinstitucionalización impulsada por el Ministerio de derechos sociales, consumo y agenda 2030. Este objetivo, que busca que las personas puedan permanecer en su hogar y entorno el mayor tiempo posible, aún tiene un largo camino por recorrer.
Servicios domiciliarios y su lenta evolución:
Los datos son claros:
- Ayuda a Domicilio (SAD): La cobertura apenas ha crecido un punto desde 2010 (del 4,7% al 5,5% de mayores de 65 años). La intensidad de este servicio es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, solo 3,3 más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012 . Cuando la Ayuda a Domicilio se presta a personas dependientes reconocidas, la intensidad media es de 33,6 horas/mes. Esto se traduce en apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para los dependientes de Grado III (los que necesitan apoyo permanente), lo que resulta claramente insuficiente.
- Centros de Día: Su cobertura ha mostrado una evolución casi nula desde 2010. Aunque en el último año ha habido un ligero repunte (pasando de 0,7 a 1,10 plazas por cada 100 mayores de 65 años), sigue siendo un servicio con cobertura muy limitada.
- Teleasistencia: Es el único servicio con una evolución más notable, creciendo 3 puntos en 13 años, hasta alcanzar el 11,1% de las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el objetivo del Plan de Choque para la Dependencia era que la teleasistencia fuera un derecho subjetivo para todas las personas dependientes que vivan en su domicilio. Los últimos datos, correspondientes a mayo 2024, dicen que sólo hay 479.492 con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%); se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022.
Por último, para completar este desalentador panorama de los servicios domiciliarios, hay que ver qué ocurre con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que contempla el Catálogo de la Dependencia. Era otro objetivo del Plan de Choque, mejorar las prestaciones e intensidades de los servicios, y que, lejos de incrementarse, esta prestación ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de una media de 239€/mes en 2022 a 236,49€/mes en 2023.
Iniciativas que marcan la diferencia
A pesar de estas carencias, la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales destaca iniciativas que están contribuyendo a que las personas con dependencia, especialmente mayores, puedan permanecer en casa y en su entorno, recibiendo los cuidados que necesitan. Se han reconocido tres proyectos por su valioso trabajo:
- Proyecto SHARE (Ayuntamiento de Fuenlabrada): Una propuesta de cooperación intergeneracional que transforma edificios públicos en desuso para facilitar el acceso a la vivienda tanto a personas mayores como a jóvenes.
- Viviendas para Mayores en Municipios Rurales (Ayuntamientos y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha): Estos centros de alojamiento y convivencia permiten a los mayores quedarse en su entorno habitual, fomentando su participación en la vida comunitaria y combatiendo la soledad y el desarraigo. Los servicios que ofrecen se complementan con recursos sociales, sanitarios, culturales y de ocio de la comunidad.
- Acompañando-T (Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel): Un proyecto que nació durante la pandemia y que, con coordinación profesional, apoya las relaciones de buena vecindad para ayudar a personas aisladas o en soledad a crear vínculos en su propio barrio.
Radiografía Económica: Gasto y Desigualdades Territoriales
El informe también nos da una visión clara de la situación económica de los servicios sociales públicos en 2023, el último año con datos oficiales:
- 512,0 € fue el gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones en 2022.
- 10,24% es el porcentaje que supuso sobre el presupuesto total de las administraciones.
- 1,81% es el porcentaje del PIB que España destina a Servicios Sociales públicos.
Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. En 2022 este incremento fue de 49,3 € respecto al año anterior (+ 10,7%). También se incrementa casi un punto el porcentaje del presupuesto que las Administraciones destinan a servicios sociales, pasando del 9,27% en 2021 al 10,24% en 2022. No obstante, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por segundo año consecutivo, y se sitúa en 1,81%.
La participación de las Comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 3,3 puntos en los últimos dos años, pero la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año era 85,3%, y en 2022 12,6 puntos menos (72,7%). El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las Comunidades.
Grandes Desigualdades entre Comunidades:
Año tras año, el informe resalta las enormes diferencias entre territorios, lo que genera una gran desigualdad de oportunidades reales para acceder a derechos básicos. La efectividad de estos derechos varía drásticamente según el lugar de residencia.
Excluyendo Comunidades con régimen foral como el País Vasco (que gasta 961,9 € por habitante en servicios sociales), las diferencias son impactantes. Por ejemplo, Extremadura invierte 633 €, un 72,6% más que Murcia, con 366,8 €. En cuanto al PIB regional, Extremadura dedica el 2,96% a Servicios Sociales, triplicando el 1,02% de la Región de Murcia
Estas diferencias se traducen en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual. Algunos ejemplos claros son:
- Profesionales Comunitarios: El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior a Navarra (684).
- Rentas Mínimas de Inserción: El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que las perciben en el País Vasco (59,49%) es incomparable al de Castilla-La Mancha (0,63%).
- Plazas Residenciales para Mayores: El porcentaje de plazas residenciales públicas para mayores de 75 años es tres veces mayor en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%).
- Ayuda a Domicilio (Mayores de 75): Andalucía, con 13,24%, ofrece una cobertura 21 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,62%).
- Teleasistencia (Mayores de 75):El 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).
El Índice DEC 2024 nos ofrece una fotografía nítida de la situación de los servicios sociales en España, animamos a su lectura. Es evidente que aún nos queda un camino largo y empinado para alcanzar una atención domiciliaria y comunitaria que responda a las necesidades de la población, especialmente a las de nuestras personas mayores y sus familias. Las alarmantes diferencias territoriales nos obligan a reflexionar sobre la equidad y a trabajar juntos para que el acceso a los derechos sociales no dependa del código postal. Proyectos innovadores demuestran que es posible avanzar. Es el momento de escuchar los datos, aprender de las buenas prácticas y redoblar el compromiso para construir un sistema de servicios sociales verdaderamente justo y accesible para todas las familias en nuestro país.
