La Fundación de Solidaridad Amaranta, creada en 2006 por las Religiosas Adoratrices, emerge como una entidad dedicada a la lucha contra las violencias de género, especialmente enfocada en la trata de personas, la explotación sexual y la violencia de género. Su nacimiento responde a la necesidad de cohesionar la acción social de las Religiosas Adoratrices, quienes han dedicado décadas a la protección y promoción de los derechos de las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.

Bajo un enfoque transversal de género y derechos humanos, la Fundación Amaranta despliega acciones tanto a nivel nacional como internacional. Con presencia en España a través de sus diez delegaciones, así como en 18 países donde las Religiosas Adoratrices tienen presencia, la fundación se posiciona como un actor clave en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.

La labor de Amaranta abarca diversos ámbitos, desde la intervención social hasta la cooperación internacional, pasando por la incidencia social y política. En este sentido, su acción se fundamenta en apoyar procesos de incorporación social y promover el empoderamiento de las mujeres y menores víctimas de violencias por razón de género.

A través del Área de Cooperación Internacional, la Fundación Amaranta busca establecer sinergias y brindar apoyo técnico y económico a las intervenciones realizadas por socias locales en países donde las Religiosas Adoratrices tienen presencia. Con un enfoque centrado en la protección de mujeres y niñas víctimas de explotación sexual y otras formas de violencia, la Fundación contribuye activamente a la dignificación de la vida de estas personas y al restablecimiento de sus derechos.

Además, la Fundación Amaranta no se limita únicamente a la asistencia directa, sino que también desempeña un papel crucial en la incidencia social y política. A través de la visibilización de las causas y consecuencias de las distintas formas de violencia y vulneración de derechos que sufren las mujeres y niñas, la Fundación busca concienciar y movilizar a la sociedad para avanzar hacia un cambio social efectivo.
En este contexto, la trata de personas emerge como uno de los fenómenos más graves y complejos con los que trabaja la entidad. La vulnerabilidad extrema de las víctimas de trata exige respuestas integrales y coordinadas que aborden tanto la asistencia directa como la prevención y la sensibilización pública.

Pero entendamos mejor qué es la trata de seres humanos. Ésta constituye una vulneración de derechos humanos y un delito grave que atenta contra la dignidad humana, tal y como contempla el artículo 177 bis de nuestro Código Penal. De acuerdo con la definición internacionalmente consensuada, la trata de seres humanos consiste en captar, transportar o acoger a personas, a menudo aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, por medio de la amenaza, el engaño, el uso de la fuerza o pago a alguien con autoridad sobre las víctimas, con el fin de explotarlas.

La explotación de las víctimas de la trata de seres humanos puede concretarse en explotación sexual, explotación laboral, obligación de realizar actividades delictivas, extracción de órganos o celebración de matrimonios forzados, entre otros.

La trata de seres humanos está considerada como la esclavitud del siglo XXI y es uno de los delitos más lucrativos del mundo, junto con el de tráfico de drogas y armas. Aunque ninguna persona está exenta, afecta principalmente a las personas más vulnerables, ya sea por motivos intrínsecos a su persona o por motivos y contextos socio-económicos. Por eso, muchas de las personas supervivientes de trata de seres humanos son mujeres y niñas, minorías étnicas o sociales, personas que huyen de sus países y solicitan asilo, entre otras.

Debido precisamente a la naturaleza y gravedad de sus actos, el impacto de la trata de seres humanos en las víctimas se extiende a diferentes esferas de su vida: física, psicológica, emocional, social, familiar, sexual, relacional, entre otras. Esto significa que las secuelas son muy profundas y que el proceso de recuperación en muchos casos requerirá un período de tiempo largo.

La Delegación de Cataluña de la Fundación Solidaridad Amaranta está especializada en ofrecer, desde una perspectiva de derechos humanos y de género y de forma incondicional, atención integral a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos para su recuperación y la restitución de sus derechos.

Las principales vías de acceso a este recurso especializado son los servicios públicos, otras entidades sociales y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, siendo más minoritario también acceden a través de la derivación que hacen personas particulares que interactúan con posibles víctimas y tienen sospechas de que aquella persona pueda ser víctima de trata de seres humanos.

Una vez detectada a una persona como víctima de trata de seres humanos, en coordinación con otros entes tanto públicos como privados, la persona accede de forma voluntaria al recurso. Posteriormente, se diseña con ella un plan de intervención individual que coordina un equipo interdisciplinario, en el que se acuerdan, conjuntamente con la persona que está siendo atendida, cuáles serán los objetivos de su proceso de recuperación.

La persona atendida puede acceder a uno o varios servicios y recursos tanto residenciales como no residenciales que la entidad pone a su alcance, para garantizar todos los derechos reconocidos a las víctimas de trata de seres humanos, según la normativa internacional (retorno voluntario, alojamiento, salud, asistencia jurídica, atención social, formación y trabajo). Ello se concreta en:

• Servicio socio-laboral, donde se garantiza el acceso a la salud, tanto física como psicológica, se acompaña en el proceso de integración social y proceso de inserción formativa y laboral.
• Servicio jurídico, a través del cual se garantiza el acceso a derechos procesales, legales y administrativos, favoreciendo un servicio jurídico específico que habilita el acceso a derechos en el marco de procesos penales, administrativos y de protección internacional.
• Servicio educativo, por medio del cual se acompaña a lo largo de todo el proceso de recuperaciónA pesar de los avances en la materia de trata de seres humanos y de la obligación del Estado de proteger a sus víctimas (derivado del principio de debida diligencia), en la práctica, desafortunadamente, todavía existen dificultades y barreras para que las víctimas tengan acceso efectivo a sus derechos: el proceso de identificación formal es desproporcionadamente exigente y no se basa en la existencia de meros indicios, los procesos de regularización administrativa y los procesos penales en caso de denuncia son excesivamente largos, no existen mecanismos efectivos para reparar e indemnizar por los daños que sufridos, entre otras.

  Desgraciadamente, no existen mecanismos ni instrumentos legales a nivel estatal que abordan la trata de una manera holística, desde una perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional. Además, todavía falta formación específica en materia de trata y, muy especialmente, en enfoque informado sobre el trauma para evitar situaciones de revictimización o victimización secundaria por parte de agentes que forman parte de administración o servicios públicos.

  Por ese motivo, Fundación Amaranta también realiza acciones de sensibilización y denuncia de esta grave violación de derechos humanos con el objetivo de promover el cambio social y garantizar la restitución y el acceso efectivo a derechos.