Pilar básico en los procesos de cohesión social

31 de agosto de 2022
Situaciones legales y administrativas a las que se tiene que enfrentar muchas personas en situación de vulnerabilidad y en especial el colectivo migrante.

Equipo Jurídico de La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

Una de las principales barreras que nos encontramos en la integración y la inclusión social real, son las situaciones legales y administrativas a las que se tiene que enfrentar muchas personas en situación de vulnerabilidad y en especial el colectivo migrante. A veces, no hay mayor desigualdad que la que se sufre ante las Justicia. El asesoramiento y la orientación jurídica son actuaciones necesarias para que todas las personas, y en especial aquellas que carecen de recursos y en situación de especial vulnerabilidad, puedan tener igualdad de oportunidades en sus proyectos de inclusión y cohesión social.

La orientación jurídica es una herramienta prioritaria para la integración y la regularización de las situaciones de la población migrante. Es fundamental para ayudar al acceso a los recursos sanitarios, educativos, etc así como al proceso de inserción laboral.

Si bien, prácticamente en todos los territorios existen recursos públicos de orientación y asesoría jurídica gratuita para la población, la realidad con la que nos encontramos es que muchas personas desconocen la existencia de estos recursos; bien por su situación de especial vulnerabilidad; por los miedos y las experiencias vividas les impiden dar el salto a contar su realidad ante el desconocimiento de la persona que tienen enfrente; o las posibles consecuencias que entienden podrían generarse de abrir su situación.

Es fundamental generar un vínculo de relación con las personas donde el conocimiento de su realidad y la confianza establecida permita poder hablar sobre sus situaciones legales y administrativas, para así ser medio de orientación y asesoramiento. Existen múltiples opciones desde donde focalizar la intervención en la orientación hacia recursos especializados para llevar a cabo intervenciones específicas de abogacía y acompañamiento ante el sistema judicial.

Si bien en algunos proyectos sociales existe personal cualificado en el ámbito de la orientación jurídica, en otros espacios son profesionales educativos los que llevan a cabo esta labor. Se pone un gran esfuerzo y motivación en este ámbito, pero vemos imprescindible dar un mayor asesoramiento y formación a los profesionales que desarrollan este tipo de actuaciones. Otra de las grandes lagunas que observamos es, la falta de recursos y materiales específicos de apoyo en diferentes lenguas que permitan reforzar y mejorar el servicio que se ofrece.

La figura de asesoría legal debe ser una prioridad en los procesos de inclusión y cohesión social. De la misma manera que tenemos en cuenta las necesidades básicas, el disfrute, la participación, etc, es fundamental que nos creamos que la orientación jurídica es un medio muy valioso en la contribución de los proyectos de vida, especialmente cuando la situación administrativa de las personas está condicionando todo su marco de derechos y oportunidades.

Estas palabras no son solo pura fundamentación teórica, sino que están apoyadas en los propios testimonios de compañeros y compañeras abogadas, que después de llevar muchos años acompañando en la orientación jurídica a cientos de personas, tienen muy claro que su labor es un pilar fundamental de cohesión social.

María Teresa Fernández del Río, abogada en Galicia, nos comparte testimonios donde ha visto claramente el proceso de empoderamiento que la orientación jurídica ha generado. Nos cuenta cómo una joven marroquí, a la que fue acompañando en su proceso de años para regularizar su situación, le llevó a poder desarrollar su proyecto de vida y poder cumplir parte de sus sueños. Ha conformado una familia y de nuevo, gracias a la orientación jurídica, pudo responder a la necesidad de discapacidad auditiva de su hija. Al tener la nacionalidad española pudo acceder a un sistema de ayudas que le permita acompañar el proceso de salud. Como dice Maite:

“ya no es solo una joven que he acompañado, ahora es una amiga, tenemos un vínculo donde la orientación jurídica sin duda ha sido prioritaria en su proyecto de cohesión social”

María Teresa Fernández del Río, abogada en Galicia

Que importante es el papel de todas esas personas abogadas que en un momento de su desarrollo profesional deciden optar por ponerse al servicio de las personas más vulnerables. Rubén Leal García abogado en Sevilla nos comparte su vocación:

“No sé muy bien por qué decidí estudiar derecho. Cuando terminé la carrera tampoco lo tenía mucho más claro. Las casualidades o causalidades de la vida terminaron haciéndome abogado. Llevo muchos años siéndolo. Cuando ayudé a Thomas o a Zacarias a conseguir sus “papeles” para poder tener una vida digna en nuestro país, me sentí orgulloso de ser abogado y me di cuenta que las casualidades o las causalidades de la vida no se habían equivocado conmigo”.

Rubén Leal García abogado en Sevilla

También Estefanía Solé Diestre abogada en Lleida, nos regala unas palabras profundas desde donde relata el sentido de su lucha diaria:

“El trabajo de abogada en el ámbito social y del tercer sector en particular, es importantísimo, ya que orientando a las personas jurídicamente, y dotándolas de herramientas para poder defender sus derechos, ayudamos a conseguirlos y lucharlos; poniendo en plano de igualdad a todas las personas, todos somos iguales ante la Ley y así lo reconoce nuestra constitución, sin discriminación de ningún tipo y menos porque alguien pueda considerarse excluido de esta difícil sociedad.

Si estos derechos son importantísimos para cualquier persona, para los ciudadanos extranjeros, todavía es mucho más destacable, pues el hecho de poder conseguir desde un empadronamiento y con ello una tarjeta sanitaria, hasta conseguir la regularización de su situación legal en España y que puedan trabajar y vivir sin miedo, supone para ellas la apertura a un mundo que les brindará la oportunidad, de al menos, poder tirar adelante, como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La normalización de su situación administrativa supone ponerse en planos e igualdad con cualquier otra persona a ojos de la administración, de la ley, y de las instituciones públicas, lo cual no hace más que cohesionar la sociedad dando oportunidades a aquellos que la buscan. Representa un trabajo muy gratificante la defensa de todos estos derechos, la contribución a que las personas puedan tener sus armas jurídicas para su lucha particular”.

Estefanía Solé Diestre abogada en Lleida

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