Vocalía de Servicios Sociales del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid. Grupo de Infancia. Colegiadas Nº 1634 y 1498.
Después de más de 20 años vuelven a surgir, a finales de 2021, convocatorias públicas para trabajar como “Educadora” en el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid. La mayoría de estabilización, las residuales de turno libre. Hace más de 20 años se pedía bachiller, ahora se pide titulación universitaria. Pero eso sí: cualquiera. Es lo mismo, lo pone en las bases, que una haya estudiado Arquitectura, Ingeniería, o Educación Social para trabajar de Titulada Medio Educadora con niñas y niños en situación de gran vulnerabilidad. Después de muchos años de opacidad y de falta de transparencia seguimos sin Regulación. ¿Quién se ha acordado durante estos años de las irregulares? ¿Y de las niñas?
Y todo ello tras la reciente aprobación de la Ley de Infancia frente a la violencia LOPIVI, y en tiempos convulsos dónde por fin, parte de la sociedad es consciente de que el Sistema de Protección a la Infancia es fallido y requiere de una profunda transformación. Y para esta transformación tenemos que escuchar por encima de todo a las niñas. Pero también, de una vez, a las educadoras sociales.
Lo más efectivo para que niños, niñas y adolescentes sin referentes se desarrollen de la manera más plena posible es el acogimiento familiar y no sólo hasta los 6 años, si no que se extienda hasta la mayoría de edad, con el apoyo de equipos socioeducativos para superar las dificultades que puedan surgir. Debería ser primordial fortalecer a la familia de origen y realizar tareas de prevención antes de tomar medidas de protección para estos niños, niñas y adolescentes, es decir, la existencia de profesionales como las educadoras sociales que intervengan con estas familias de forma efectiva y realizando tareas de acompañamiento desde el origen.
El acogimiento residencial deberá ser la última opción para estos niños, niñas y adolescentes, cuando no exista una alternativa mejor. Pero siempre debería evitarse el acogimiento en macrocentros, donde es inviable la atención individualizada, la creación de vínculos seguros y la intervención adecuada desde los buenos tratos. Estos acogimientos residenciales deberían ser en unidades de convivencia de menos de 10 plazas. La separación de niños, niñas y adolescentes migrantes en centros de protección exclusivos provoca segregación y exclusión. Los centros de protección no deberían tender a la separación por lugar de origen, se imposibilita la realización de una intervención de calidad, inclusiva, tolerante y centrada en estos niños, niñas y adolescentes.
Las niñas y adolescentes que entran en el sistema de protección suelen ser más vulnerables a la hora de ser víctimas de violencia machista y de explotación sexual. El desarraigo que sienten y la falta de figuras adultas sanas de referencia provocan en estas menores la necesidad de búsqueda de vínculos y amor de forma poco sana, necesidad de sentirse queridas, lo que provoca esta vulnerabilidad ante actitudes violentas; por lo que los y las profesionales que ejercen su profesión en los centros de protección a la infancia deben tener una formación específica para la prevención y sensibilización ante estos casos y la elaboración de protocolos de actuación claros para esta intervención. De hecho, pensamos que es conveniente la recomendación, no solo para profesionales que intervienen en el sistema de protección, si no para todas las personas que intervienen con infancia en cualquier ámbito.
Priorizar siempre la prevención y la contención a través del vínculo generado. Si se ha hecho un uso irracional de contenciones a lo largo de todos estos años vuelve a ser por la falta de habilidades y competencias de los y las profesionales que forman los equipos de trabajo, a la hora de anticipar y prever posibles conductas disruptivas y estallidos. Volvemos a hablar de esa falta de requisitos exigidos en las convocatorias de empleo públicos relacionadas con el sistema de protección a la infancia.
La excesiva jerarquización del sistema de protección y no el trabajo en equipos multidisciplinares de carácter horizontal, hace que la intervención se vea perjudicada y revierta también en la inestabilidad y bienestar de los niños y niñas a través de indicaciones y normas contradictorias. Apostamos por equipos de trabajo coordinados e implementados por supervisión de casos, que huyan de jerarquías e imposiciones. Coordinaciones y supervisiones, en lugar de direcciones y subdirecciones.
Por último, pero no menos importante todos los recursos de protección a la infancia deberían ser de titularidad pública, no podemos entender que la intervención con estos niños, niñas y adolescentes pase a ser un baile de números y un ajuste de presupuestos para conseguir el recurso más económico, restando importancia al bienestar e interés superior de niños, niñas y adolescentes, debiendo ser está nuestra máxima.
Hay una preocupante escasez de recursos y poca variedad en lo concerniente al apoyo a adolescentes tuteladas/os que alcanzan la mayoría de edad, tanto en el ámbito formativo, laboral como en materia de vivienda. Invitamos a dotar de presupuestos y de inversión en estas materias.
En todas las partes del proceso de protección a la infancia es imprescindible que las figuras profesionales sean efectivamente profesionales. Evidentemente toda transformación será ineficaz mientras no se reconozca la figura de la educadora o educador social. ¿Pondrías tu salud en manos de personas no profesionales de la medicina? Entonces, ¿Por qué aceptamos poner a nuestras criaturas en manos de no profesionales en este ámbito?
Echamos en falta una apuesta por la Educación Social en todos los ámbitos de trabajo con infancia, desde la prevención comunitaria, la educación de calle y el apoyo a familias en dificultades al que aludíamos anteriormente, hasta nuestra presencia en Centros Educativos, para detectar, prevenir y mediar en casos de conflicto y violencia. Presencia que en numerosas regiones sigue siendo nula. Asimismo, consideramos que podríamos realizar una gran labor en ámbitos como la Salud Mental y en acompañamiento terapéutico.
Regula la educación social y apuesta por ella, no es un juego de niñas y niños.
