Paloma Torres López. Abogada experta en derechos humanos y profesora colaboradora de Aprendizaje-Servicio en la Universidad Pontificia Comillas.
Todavía recuerdo cuando llegó el gran momento de elegir qué itinerario formativo estudiar: ¿ciencias, letras, sociales?. En nuestras cabezas revoloteaban proyecciones de nosotras mismas desarrollando diferentes oficios – ¿médica, ingeniera, historiadora del arte? – y, en base a éstas, decidíamos en cual nos sentiríamos más cómodas. Es en este proceso cuando las construcciones sociales de las diferentes profesiones, cimentadas en los referentes que nos han mostrado y en la información sesgada que nos ha llegado, salen a flote.
¿Y abogada?. La proyección de una persona que elige estudiar derecho se suele presentar en dos formas: la de abogado con traje de chaqueta oscuro y maletín, que trabaja para defender los intereses de grandes empresas; o la de fiscal de distrito “a la americana” que se gana el favor del jurado y logra hacer justicia en un caso de corrupción política o de un terrible asesinato. La imagen de la carrera de derecho suele inspirar complejidad, aburrimiento, seriedad y mucha, mucha distancia de la realidad social existente.
Este es el estereotipo predominante de lo que significa el derecho y sus salidas laborales en el imaginario colectivo. Sin embargo, esta imagen no es nada más que eso: una construcción social. Un jurista es mucho más, pero no sólo porque pueda elegir múltiples caminos para desarrollar su profesión o porque pueda especializarse en las infinitas ramas del derecho y trabajar desde cualquier ámbito. Lo más importante es que existe una función inherente al estudio del derecho que todos los juristas desempeñamos, de una forma o de otra: la función social del jurista.
Esta función no consiste en otra cosa que en utilizar las herramientas que el conocimiento del derecho nos ofrece para ponerlas al servicio de la sociedad. Tenemos la gran responsabilidad de acercar un entramado abstracto de sistemas, teorías, leyes, jurisprudencia y otros instrumentos a todas las personas para que puedan acceder de manera efectiva a sus derechos. Esto incluye desde una empresa que quiere empezar un negocio y necesita conocer el marco jurídico del sector, hasta una persona que ha sido víctima de una estafa telefónica y desea conocer qué puede reclamar y cómo hacerlo.
El derecho está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y nuestra labor es hacerlo accesible para toda la sociedad. No obstante, sería ingenuo pensar que el grado de inaccesibilidad al mismo es igual para todo el mundo: el derecho atraviesa de manera muy distinta a aquellas personas que están situadas en los márgenes de la sociedad. En este sentido, como es lógico, la función social del jurista también pasa por prestar una especial atención y realizar un mayor esfuerzo por garantizar que las personas vulnerabilizadas –que no vulnerables– logran acceder a sus derechos de forma efectiva.
Con todo, cabe preguntarse: ¿por qué el ámbito social no se presenta como una opción profesional habitual en el mundo del derecho? No es de extrañar que esta salida profesional no forme parte de nuestro esquema mental, basta echar un vistazo a los planes de estudio de las principales facultades de derecho españolas. Las asignaturas sobre aquellos ámbitos del derecho que más afectan a estos colectivos son prácticamente inexistentes: extranjería, protección internacional, derechos humanos, violencia de género, penitenciario, sociología del derecho, tercer sector, y un largo etcétera. Por no decir la total ausencia de formación en habilidades personales y profesionales a la hora de intervenir con personas vulnerabilizadas.
En definitiva, con una oferta formativa formal de estas características es complicado que un estudiante de derecho pueda siquiera valorar este ámbito como una opción real. Y es por eso por lo que los itinerarios de formación alternativos se pueden convertir en un punto de inflexión determinante, como me pasó a mí y a otras compañeras cuando descubrimos la existencia de los proyectos de Aprendizaje-Servicio y, más concretamente, la Clínica Jurídica.
La metodología Aprendizaje-Servicio consiste en una propuesta de voluntariado universitario profesionalizante que combina el compromiso social, la formación, la reflexión colectiva y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera en proyectos sociales. En el caso de la Facultad de Derecho, adopta la forma de Clínica Jurídica, en la que se da la oportunidad a los y las estudiantes de formarse e involucrarse en proyectos jurídicos para organizaciones de la sociedad civil, acompañados por un tutor o tutora profesional del derecho pro-bono, es decir, que realiza su labor de tutela de forma voluntaria.
Estos proyectos pueden ser de atención directa, como participar en una asesoría jurídica a personas en situación de privación de libertad; pero también documentales, como una investigación sobre los derechos de los solicitantes de asilo en España para apoyar las labores de incidencia política de una determinada entidad. Por otro lado, también pueden consistir en preparar un tema concreto, como el acceso al nuevo ingreso mínimo vital y dar talleres sobre el mismo; o elaborar instrumentos que resuman de manera visual y sencilla los procedimientos de regularización dirigidos a personas migrantes. Las opciones son infinitas.
“Convergen, por lo tanto, intereses y metodologías donde la enseñanza del derecho, y el derecho mismo, pueden aportar a la sociedad beneficios de un valor incalculable. Es decir, las Facultades de Derecho pueden ser las promotoras de educar a los futuros profesionales del Derecho en justicia social y derechos humanos, proporcionando, a la vez, un asesoramiento legal gratuito a colectivos que no tienen la oportunidad de acceder al mismo por sus propios medios”.
Díez Velasco, I. (2017)
Cada vez más universidades apuestan por promover este tipo de metodologías —por ejemplo, la Red Española de Aprendizaje-Servicio (https://www.aprendizajeservicio.net/) y la Red Española de Clínicas Jurídicas (https://clinicas-juridicas.blogspot.com)— ya sea en la vía voluntaria o a través del diseño de asignaturas a tal efecto.. De este modo, los estudiantes y las estudiantes reciben una formación integral, desarrollando múltiples habilidades profesionales, mientras se acercan a realidades sociales que les podían resultar ajenas y prestan un servicio a la sociedad. Pero, además, también se les da la oportunidad de conocer nuevos referentes y nuevas formas de ejercer el derecho y, por tanto, el acceso a un camino profesional hasta ahora desconocido para la mayoría.
Y esto es precisamente lo que nos sucedió a algunas de mis compañeras y a mí. A través de nuestra participación en diferentes proyectos, descubrimos un mundo de posibilidades de crecimiento, tanto personal como profesional, que nos llevó a encontrar nuestra verdadera vocación: la defensa de los derechos humanos. Ahora, unos años después, volvemos a la facultad —esta vez desde el otro lado, como profesoras, tutoras pro-bono o representantes de entidades sociales— para contribuir a esta pequeña revolución, mostrándole a las nuevas generaciones la dimensión más social de la función que van a desempeñar y su capacidad de usar el derecho como motor de cambio social.
