Irene Aguado Mañas. Jefa del Departamento de Formación y Orientación Laboral IES Álvaro Yáñez. Bembibre. León
No puede dejarnos indiferentes el saber que España posee una de las tasas más elevadas de pobreza infantil dentro de la Unión Europea. Y tampoco podemos obviar el deber moral y el compromiso social que tenemos hacia uno de los colectivos más vulnerables que existen como es la infancia. Es nuestra obligación ofrecer respuestas y oportunidades a lo que va a ser, con toda seguridad, el capital humano del futuro. Y si deseamos ofrecer y mantener una imagen formada, competitiva, innovadora y tecnológicamente preparada ante los países de nuestro entorno, es una exigencia imprescindible no sólo cuidar y proteger a la infancia sino comprometerse con su educación, su bienestar social y su posibilidad de promoción.
España revalidó su compromiso con la infancia al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención recoge y completa los diez principios básicos de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, y es firmada por nuestro país el 26 de enero de 1990. Esta Convención se erige en una referencia jurídica, política y social, de ámbito mundial, para proteger el desarrollo y la dignidad de todos los menores de 18 años como sujetos portadores de derechos. Se convierte, pues, en el tratado de Derechos Humanos, con carácter vinculante, más ampliamente ratificado de la historia, que afecta al 96% de todos los niños del mundo (UNICEF, 1998).
Así, en la parte referida a su Preámbulo existe un detallado examen de los derechos y libertades inherentes al hombre, previamente reconocidos por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Asimismo, incide de forma expresa en la necesidad de proporcionar a los niños cuidados y asistencias especiales, recogidos en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en otros Pactos Internacionales. En este sentido, también en su Preámbulo, existe una referencia a esta Declaración de 1959: «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento».
Son muchas las normas que regulan la protección a la infancia, tanto en sus derechos civiles como sociales: Pacto Internacional de Derecho Sociales, Económicos y culturales, el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, la Carta Social Europea y un larguísimo etcétera.
Así la protección de este colectivo quedaba ya configurada a través de la Constitución Española, los diferentes tratados internacionales y el desarrollo de diferentes leyes, como la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia o la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
El Consejo Independiente de la Protección a la Infancia, en su informe de 2017, determina los principales problemas de la infancia en nuestro país; los cinco más importantes son:
1. LA CRISIS ECONÓMICA: la infancia a la que se desea proteger son niños nacidos al inicio o ya en plena crisis económica. No han conocido etapas de bonanza económica, con lo que siempre asociarán su infancia a precariedad.
Según el informe “La Transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención” de la Fundación FOESSA “Aunque la problemática de la pobreza infantil es previa a la crisis económica, ésta se ha extendido de manera más intensa en los hogares con niños durante los últimos años (…). Las debilidades del mercado de trabajo, la especial vulnerabilidad de algunos hogares con niños y, sobre todo, la insuficiencia de la red de protección social, son algunos de los factores que explican este mayor riesgo (…). España aún se caracteriza por niveles muy bajos de ayudas económicas a las familias con niños, cuenta con permisos de maternidad y paternidad reducidos en el tiempo, y poco (y caro) acceso al cuidado y la educación temprana. Además, las políticas de conciliación entre trabajo y cuidado de hijos están lejos de ser una prioridad y la crisis ha supuesto un estancamiento o retroceso importante en este ámbito”.
La Comisión Europea recalca en sus Recomendaciones de 20 de Febrero de 2013 las siguientes medidas:
a. Los niños corren mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general en la gran mayoría de los países de la UE; tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida.
b. Evitar que se transmitan las desventajas entre generaciones es una inversión crucial para el futuro de Europa, así como una contribución directa a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y presenta beneficios a largo plazo para la infancia, la economía y la sociedad en su conjunto.
c. Las estrategias con más éxito para abordar la pobreza infantil son las que mejoran el bienestar de todos los niños, teniendo muy en cuenta al mismo tiempo a los que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables.
2. LA POBREZA INTEGRAL: la infancia no solamente está sometida a la pobreza económica, sino también a un bajo nivel educativo que redunda en una falta de conocimientos y de valores; ello provoca que los ciudadanos dejen de ejercer sus derechos civiles y sociales por el simple hecho de que no saben exigirlos.
3. EL SISTEMA EDUCATIVO: evitar la elevada tasa de abandono escolar es un objetivo prioritario. Cuanto mayor sea el nivel de formación de un pueblo, mayores serán sus posibilidades de salir adelante. Y por formación se entiende no sólo la transmisión de conocimientos, sino capacitar a toda la infancia y juventud para poseer un pensamiento crítico y a enseñarles a gestionar sus emociones de forma que puedan construirse una adecuada inteligencia emocional con una elevada capacidad de adaptación al cambio.
4. FALTA DE CONCIENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: falta un serio y adecuado compromiso por parte de la sociedad en general hacia la infancia. El 29 de noviembre de 2016 Save The Children hacía público que España se sitúa como el segundo país europeo con más niños viviendo bajo el umbral de la pobreza.
5. LA DESPROTECCIÓN SOCIAL: la sociedad no se siente responsable de los niños y niñas; en nuestro entorno más bien se considera que son los padres los responsables. No existe una conciencia social generalizada que juzgue a la infancia como un bien precioso necesitado de protección. Es imprescindible dotar al estado de un sistema garantista de protección social de la infancia, donde ningún niño pueda quedar desatendido y concienciar a toda la sociedad civil en general de que si no protegemos a la infancia, no tenemos futuro.
Las soluciones que se aportan desde ese mismo informe son, entre otras muchas:
- Aumento de la inversión económica de España en políticas de infancia.
- Facilitación de atención psicológica ante la pobreza, sobre todo en el ámbito de la salud mental infantil.
- Fomento del conocimiento y la exigencia de los derechos en los niños y niñas.
- Apoyo a los entornos rurales.
- Aumento del número de becas de estudio.
- Prevención de problemas de convivencia y de adicciones.
- Firma de un Pacto de Estado por la Infancia.
- Creación de una Secretaria de Estado de Infancia.
- Creación de una ley de protección integral de los niños y niñas.
La lucha contra la pobreza infantil debe ser una prioridad esencial de todos. Procurar una infancia con recursos significa procurar un futuro con recursos. Nuestro objetivo: ni un solo niño sin sonrisa por causa de la pobreza
